lunes, 28 de marzo de 2011

Carta Profesoral Uclaista.
Marzo 28, 2011.
LA QUIEBRA TOTAL DEL LIDERAZGO GREMIAL.

No cabe la menor duda de que nuestros jóvenes estudiantes (muchachos y muchachas por igual) son aguerridos y valientes, al extremo del sacrificio de sus mejores sueños. Lo son también lo compañeros de trabajo que se incorporaron con ellos. Cada uno de nosotros deseaba estar en ella, arriesgando la salud y hasta la vida, pero los años no pasan en vano y se hizo entonces imposible comer sin un sentimiento de culpa.

Cabe preguntarse ¿Por qué se ha llegado a esta situación extrema? Es necesario responder con urgencia, porque esto no debe volver a ocurrir. Suscribo las líneas finales del Editorial del diario El Nacional de ayer domingo 27:

Los universitarios, rodeados de la admiración nacional, no deben extremar su capacidad de sacrificio. El recurso de huelga de hambre, por ejemplo, debe ser meditado y decidido cuando las circunstancias así lo exijan. Ellos no pueden asumir toda la responsabilidad de las luchas ciudadanas. (El Nacional, Editorial: 27 de marzo 2011) (Subrayado mío)

Coincido también con Tulio Hernández (El Nacional, 25 marzo. C3)

…las huelgas de hambre se han convertido en una protesta común. Eso lleva, a su juicio, a dos conclusiones. Una, que no hay un diálogo entre el Gobierno y la población. Dos, que no se han conseguido mecanismos menos drásticos para hacer reclamos. "Esta situación habla de una sociedad encallejonada, sin salida"… (Subrayado mío)

La huelga de hambre es un recurso extremo para una lucha extrema, en el sentido de ser el último recurso que queda en una lucha impostergable, de vida o muerte. Pareciera que estamos en esa circunstancia, dada la insensibilidad y falta de cordura de un gobierno obcecado, ofuscado, por una ideología excluyente y autoritaria, y por un apego al poder a toda costa, que lo lleva a menospreciar la vida de quien sea. Y al no encontrar alternativa, la gente recurre al sacrificio. Como dice Marco Antonio Ponce (El Nacional, 25 marzo. C3):

Las huelgas de hambre son la expresión de una sociedad cansada de esperar. Marco Antonio Ponce, investigador de la ONG Provea, asegura que las protestas de ese tipo reflejan la ausencia de respuestas efectivas a peticiones de ciertos sectores. La gente, dice, pasa por varias vías hasta que el desgaste la obliga a emprender acciones más radicales.

¿Cómo no desesperar y evitar acciones menos drásticas, menos radicales, ante la tozudez de este gobierno? ¿Cómo no inmolarse ni caer victima de la criminalización de la protesta ni de la parálisis esperando al Mesías? Creo que hay que buscar en nosotros mismos, como gremio. Hay que hacer cambios, como agremiados y en la dirigencia. Enfatizo, es imperativa una renovación, de la dirigencia y de cada uno de nosotros como agremiados, así como también de las estrategias y formas de trabajo, con el objetivo de rescatar la capacidad de liderazgo gremial para conducir las luchas sociales.

De momento, debemos ratificar la hora 0 para el 4 de abril. Vamos a la reunión del 31 (pautada ya desde el 24 de febrero, y ratificada el 25 de marzo gracias al esfuerzo heroico de nuestros jóvenes) Digamos SI al diálogo pero sin bajar la guardia, porque si no, nos ponchan.

Dr. Pedro A. Reyes V.
Representante profesoral principal
Consejo Universitario UCLA
Periodo 2009-2012.

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En la pestaña “Conflicto universitario” podrás leer las referencias contenidas en esta carta.

domingo, 20 de marzo de 2011

CARTA PROFESORAL UCLAISTA
Marzo 20, 2011.

El 4 mejor que el 6.

La FAPUV fijó el 4 de abril como hora 0, para el Paro Nacional Indefinido de las universidades venezolanas, en caso de que el gobierno no dé respuesta satisfactoria en la reunión pautada para el 31 de marzo.

En mi carta del 1 de marzo, propuse el 6 de abril, para advertir que la idea de dos meses de plazo, es decir, el 1º de mayo como hora 0 propuesta originalmente por la FAPUV, nos ponía en riesgo de no alcanzar el objetivo de un aumento justo de sueldos para antes de las vacaciones de agosto. Dadas las circunstancias, en particular la huelga de hambre de un numeroso grupo de estudiantes en algunas ciudades del país, se hace difícil mantener el 4 de abril como hora 0. Esa carga moral de dar clases en esas circunstancias, justifica la propuesta que hizo el Prof. Héctor Núñez en la asamblea del miércoles 16, de adelantar la convocatoria al paro.

Sin embargo, el compromiso con el ministerio de educación universitaria para el 31 de marzo conviene cumplirlo; no hacerlo le daría la oportunidad al gobierno para desacreditarnos y acusarnos de cualquier cosa. Eso parece algo claro, como claro es que debemos expresar los sentimientos y propuestas en el entendido de que es la Asamblea la máxima autoridad de la APUCLA.

Creo que es urgente convocar a la comisión de estrategia, para que apoye la preparación indispensable que debe tener el equipo que se reunirá con el ministerio el próximo 31. Son muchos los escenarios que hay que explorar, para estar en condiciones de evitar las tácticas dilatorias que el gobierno pondrá en juego, en caso de no tener una respuesta aceptable para ese día. Por ejemplo, un aspecto a tener en cuenta es cerciorarse de que la respuesta del ministerio tenga la aprobación del presidente.

La decisión del paro nacional indefinido es muy delicada, pero es necesario sostenerla con firmeza y no dar ni un día más al gobierno.

Dr. Pedro A. Reyes V.
Representante profesoral principal
Consejo Universitario UCLA
Periodo 2009-2012


Carta Profesoral Uclaista
Marzo 1º, 2011.

MAYO ES TARDE PARA LA HORA O.

En la reunión del jueves 24 sostenida en Caracas, la comisión intergremial y la subdirectora de la OPSU acordaron “…Establecer una reunión con los mismos actores que estamos aquí presentes para dentro 30 días, a fin de conocer los avances logrados”.

Me pregunto si estamos dando por entendido que al final de esos treinta días no habrá ningún aumento, sino solo algunos avances, y es por eso que la FAPUV decidió con fecha 23 de febrero, entre otras resoluciones que “… el cronograma de acciones estratégicas de calle se desarrolle en un lapso de 2 meses, contados a partir del 1 de marzo (2011), al final de los cuales, de no obtener respuesta satisfactoria, se inicia un Paro Nacional Indefinido de Universidades (Hora 0)”

Eso significa darle al gobierno dos meses: marzo y abril, para recibir una respuesta satisfactoria, es decir, fijar para el 1º de mayo el inicio del paro indefinido. Me parece mucho tiempo y además corremos el riesgo de que el gobierno ponga en práctica medidas dilatorias, que nos pueden llevar hasta julio, momento en el cual no podremos llamar a un paro indefinido dada la cercanía de las vacaciones de agosto.

Si llegamos a las vacaciones sin un aumento satisfactorio de los sueldos, en septiembre la situación de la economía doméstica de los universitarios será catastrófica; no serán pocos los que habrán tenido que liquidar activos del patrimonio familiar para mantenerse a flote y el aumento de sueldos será para rescatar a los sobrevivientes de este naufragio terrible que se nos viene encima.

Pido entonces que se declare el 6 de Abril Hora 0 para iniciar el Paro Nacional Indefinido de Universidades; que se anuncie esta fecha a la mayor brevedad posible a la opinión pública, a fin de generar una movilización de todos los sectores del país para que el gobierno suscriba y haga efectivo un aumento de sueldos y salarios a todos los universitarios del país, y de ese modo evitar la paralización de las universidades venezolanas.

Aquella reunión acordada el pasado jueves 24 en Caracas, ya no será para “conocer los avances logrados” sino para recibir una respuesta satisfactoria.
Carta profesoral Uclaista
Febrero 22, 2011.

CAMBIO Y PERMANENCIA EN LA TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA.

El pasado tres de febrero asistí como ponente a un foro sobre la transformación universitaria, en el núcleo Tarabana de la UCLA, invitado por los Decanos Nerio Naranjo y William Zambrano, de Agronomía y de Ciencias Veterinaria respectivamente. La actividad formaba parte de la celebración del 47 aniversario de ambos decanatos y tuve el honor de compartir el panel con la Doctora Danaé Rondón y el Doctor Alexis Guerra. Reitero mi agradecimiento a los decanos por la invitación y en lo que sigue, trataré de sintetizar algunas de las ideas expuestas en mi intervención.

En primer lugar hice referencia a la dificultad para hacer cambios en la universidad; he allí una paradoja porque es desde ella que mejor se puede saber cuáles deben ser los cambios pero es en ella donde hay más resistencia. En cambio, es en el entorno desde donde usualmente provienen las presiones más fuertes para los cambios, pero donde menos condiciones hay para saber cuáles son y cómo implementarlos. Por entorno quiero referir aquí a los actores sociales, principalmente los políticos y los grupos de interés económico.

La dificultad o resistencia al cambio creo que se explica –al menos en parte- por la misión de la universidad. Es una misión muy grave, muy delicada, le decimos a la sociedad: en estos profesionales pueden confiar; cuenten con ellos para atender sus asuntos, sus urgencias y necesidades, sus esperanzas y proyectos, ellos están bien capacitados, nosotros lo certificamos. Otro tanto pasa con el conocimiento generado en el contexto de las actividades de investigación. Es comprensible entonces que esto genere aversión al cambio, incertidumbre y dudas que en muchos casos conduce a posiciones conservadoras.

Debemos tener en cuenta también que la universidad es una institución que data de siglos. Pudiéramos decir que su origen más remoto se puede ubicar en la antigüedad, en la Grecia antigua, cuando alrededor del siglo VI a. C. nace la filosofía, que tiene como características fundamentales la crítica que se opone al dogma, la diversidad y la pluralidad, que son los rasgos fundamentales que la universidad a lo largo de su historia fue desplegando cada vez más, hasta llegar hoy a un nivel pleno. La escuela que funda Platón se llamaba la Academia, término que todavía hoy usamos. Entonces, bien podemos decir que tenemos entre manos una cuestión con antecedentes que se remontan 2500 años atrás, es decir, hay antecedentes que deben ser considerados y obligan a discutir sobre los cambios en el entendido que deben haber continuidades, se trata de cambios sin solución de continuidad en aquello que debe permanecer, verbigracia: la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, la pluralidad y la democracia.

Cambios y continuidad en el gobierno universitario.

Circulan dos proyectos que fueron presentados a finales del año pasado, como alternativas al proyecto oficial que fue sancionado y luego “vetado” por el presidente. En ambos proyectos alternativos se elimina el vicerrectorado administrativo. En uno de éstos proyectos, se sustituye por un Director General Administrativo nombrado por un triunvirato (conformado por el rector, el vicerrector académico y el secretario general) El otro proyecto plantea algo similar. Se esgrime una argumentación para justificarlo, que podría ser razonable pero no aceptable, en la medida que ello implica una sesión de facultad decisoria del electorado universitario, que hasta ahora es el que decide quién es la cabeza administrativa de la universidad. El componente administrativo conforma junto con el componente académico, el componente de secretaria general y el componente de dirección rectoral, los cuatro componentes básicos cuyos titulares son elegidos por el electorado universitario ¿Qué argumentación puede ser tan fuerte y suficiente como para justificar que el electorado ceda a un triunvirato, la facultad de decidir quién es el titular de un componente tan importante como el administrativo? Además, al restarle peso institucional -al eliminar su carácter de autoridad universitaria- agrega más poder al rector. A eso habría que agregar que las decisiones que se toman en la máxima autoridad (consejo universitario) podrían carecer de suficiente factibilidad, en la medida en que la cabeza del componente administrativo no forma parte de la toma de decisiones, en tanto que no es un funcionario electo sino designado. Es un retroceso en la democratización, además de un debilitamiento del proceso de toma de decisiones de la máxima instancia del gobierno universitario.

sábado, 12 de marzo de 2011

Carta profesoral Uclaista.
Enero 25, 2011.

Algo más sobre la autonomía y la ley de educación universitaria.

El proyecto de LEU presentada a la AN por iniciativa ciudadana, remite la cuestión de los requisitos para acceder a la autonomía plena al reglamento de la ley. Sostengo que esa no debe ser la vía para darle respuesta a lo contemplado en el artículo 109 constitucional y que debe establecerse en la LEU aquellos requisitos de manera taxativa.
El proyecto presentado por la AVERU en cambio, remite la cuestión de los requisitos al Consejo de Coordinación del Sistema Nacional de Educación Universitaria, instancia que deberá establecerlos. Veamos el texto del parágrafo primero del artículo 4 de dicho proyecto AVERU:

“Las Universidades Experimentales y las otras Instituciones de Educación Universitaria que no ejerzan la autonomía plena de acuerdo a las condiciones establecidas en este artículo, serán consideradas instituciones con autonomía parcial y podrán adquirir la plenitud del ejercicio autonómico, una vez que cumplan los requisitos de Ley establecidos por el Consejo de Coordinación del Sistema Nacional de Educación Universitaria, previo dictamen favorable del Sistema Autónomo de Evaluación y Acreditación. Esta condición de autonomía parcial incluye la posibilidad de elección de sus propias autoridades por parte de las comunidades universitarias.”

Sin lugar a dudas que no es poca cosa adquirir autonomía plena. Es una condición de gran responsabilidad, por lo que las instituciones deben estar preparadas, crecidas y consolidadas lo suficiente para hacer uso responsable y efectivo de esa condición. No obstante, debe reconocerse en la LEU la situación de varias universidades experimentales que como la UCLA, tienen un desempeño institucional reconocido desde hace muchos años y que deberían estar sujetas a procedimientos más expeditos, rigurosos y exigentes, pero que permitan dar una respuesta más temprana a la que debe suponerse tomará el procedimiento antes citado. Cabe imaginarse la enorme cantidad de tareas que tendrá el Consejo de Coordinación y el tiempo que tomará la creación y puesta en funcionamiento del Sistema de Evaluación y Acreditación; amén de eso, las trabas políticas que el gobierno pondrá para evitar perder el control sobre esas universidades.

Creo que en disposiciones transitorias de la LEU, podrían establecerse algunas previsiones al respecto. Insisto en la propuesta de debatir este asunto, en el contexto de la discusión que hemos iniciado en la universidad, sobre esta ley.

Elecciones de autoridades en todas las universidades experimentales.

No es el caso de la UCLA por cierto, pero es pertinente hacer referencia a la cuestión de la elección de autoridades en aquellas universidades experimentales, en donde el gobierno es el único elector. Lo mismo que he argumentado respecto a la autonomía plena en el apartado anterior, cabe en este particular. La LEU debe dar un tratamiento especial -expedito pero riguroso- a aquellos casos en los que exista consenso respecto a la presencia de condiciones suficientes, para que las comunidades universitarias elijan a sus autoridades. Este es un argumento a favor de la democratización, genuina y no populista, que no debe quedar de lado.

En próxima entrega me referiré a la propuesta de eliminar el vicerrectorado administrativo. A primera vista no parece una idea acertada; encuentro razones para oponerse. Otro tema de gran interés es lo referido a la carrera académica y creo además que debemos prestar atención también al fenecido PPI y la nueva LOCTI.

Dr. Pedro A. Reyes V.
Representante profesoral principal
Consejo Universitario UCLA
Periodo 2009-2012
Carta profesoral Uclaista.
Enero 24, 2011.

Un franco reconocimiento a las profesoras y a los profesores -también a los empleados- que participaron en el Ayuno por un Sueldo Justo, el pasado miércoles 19 de este mes. Una protesta que la opinión pública registra como una demostración dramática de la justicia del reclamo universitario, que nos fortalece ante un gobierno indolente y calumniador.

Hacer converger, coordinar y acentuar las luchas de todos los trabajadores del sector público, por sus justas reivindicaciones socioeconómicas, es un imperativo estratégico para lograr la victoria en un plazo perentorio.

La ministra Yadira Córdova deberá conjugar su condición académica y su compromiso con el gobierno, de modo que la universidad venezolana salga ganando. Es una misión casi imposible, habida cuenta del record anti-universitario del gobierno actual. Pero la universidad queda y los gobiernos pasan; quienes no lo tienen presente, pasarán sin dejar huella digna.


Dr. Pedro A. Reyes V.
Representante profesoral principal
Consejo Universitario UCLA
Periodo 2009-2012

Carta Profesoral Uclaista.
Enero 18, 2011.

LA LEU Y LA AUTONOMÍA DE LA UCLA.

La Ley Orgánica de Educación promulgada el 15 de agosto de 2009, no desarrolla el postulado contenido en las dos últimas líneas del artículo 109 de la Constitución Nacional, que se refieren a las universidades experimentales y el derecho que tienen de alcanzar la autonomía universitaria.
Cito:

Artículo 109. °
El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley. (Cursivas mías)

En mi carta profesoral del 14 de septiembre de 2009, sostuve que en sano sentido jurídico las leyes orgánicas deben desarrollar los postulados constitucionales, por lo que el legislador debió incluir previsiones relativas al estatus autonómico de aquellas universidades que todavía no lo son. Cabía esperarse que la fenecida Ley de Educación Universitaria Queipo/Ramírez lo hiciera, pero también soslaya el asunto y solo establece en la disposición transitoria décima que “El Consejo Nacional de Transformación Universitaria establecerá las condiciones y términos bajo los cuales las universidades que al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, no eligen a sus autoridades, puedan hacerlo democráticamente”

La Ley de Educación Universitaria no puede dejar por fuera los criterios y procedimientos para hacer valer el mandato constitucional antes referido, respecto a las universidades nacionales experimentales y su autonomía. Debe definirlos de manera taxativa de modo que sean de aplicación inmediata, sin que sea necesario remitirlos al reglamento de la ley.

Este es un tema de particular interés para la UCLA, que nos confronta con el estado actual de nuestro desarrollo institucional y nos interroga si estamos listos para la autonomía plena o -en cambio- aún tenemos camino por recorrer.


Dr. Pedro A. Reyes V.
Representante profesoral principal
Consejo Universitario UCLA
Periodo 2009-2012
Carta profesoral Uclaista.
Enero 14, 2011.

¡HOLA MINISTRA!

Ciudadana ministra Yadira Córdova, le tenemos una mala noticia: ¡no hay tregua! La última se la dimos a su antecesor y fue un gran error. Eso contribuyó a que el año 2010 pasara sin que se decretara un justo aumento salarial. De modo que si usted no conoce la situación de las universidades venezolanas -lo cual sería bastante difícil de creer- tendrá que ponerse a trabajar las veinticuatro horas del día los siete días de la semana, para que pueda reunirse de urgencia con los rectores y los gremios universitarios y buscar acuerdos satisfactorios sobre el presupuesto y el aumento de sueldos, entre otras cosas pendientes.

Lo del sueldo no hay ya manera de decir lo urgente que es. Tal vez usted lo sepa y no haya que ilustrárselo con algún pasaje de la atribulada economía domestica, de la mayoría de los profesores y del personal administrativo y obrero. No creo que la paciencia aguante más y desde ya debe saber que las acciones irán in crescendo, de modo que nada es de extrañar que para antes de que finalice el primer trimestre estén ya paralizadas las universidades, en pie de lucha por un salario justo, a menos que usted haya obrado el milagro de hacer entender a su comandante.

Suerte ministra -de verdad- mejor suerte que su defenestrado antecesor.

Posdata: háganos un favor a la UCLA, búsquese otro representante ante el Consejo Universitario, que sepa representarla sin ofender, insultar y denigrar. Sería un buen gesto de su parte.

Dr. Pedro A. Reyes V.
Representante profesoral principal
Consejo Universitario UCLA
Periodo 2009-2012
Carta Profesoral Uclaista.
Enero 8, 2011.

Cantar victoria y seguir luchando.

Nadie daba ni un centavo a favor de la solicitud de no promulgar la LEU, que le hicieran la UCV, LUZ y la Universidad de Carabobo en forma simultánea, al presidente Chávez. Hasta hubo quien dijo que era una ingenuidad.

Creo que este es un punto que no debe pasar desapercibido, porque ilustra uno de los elementos centrales de la estrategia general de lucha puesta en práctica desde hace varios años y que ha venido dando resultados: usar todos los recursos institucionales, entre ellos los legales, aun cuando no se espere que funcionen por el secuestro a que están sometidos por el gobierno. No hay que confundir entre “lo que se debe hacer” y “lo que se puede esperar”; había que hacer esa solicitud por remota o imposible que pareciera una respuesta positiva. Por supuesto que en el feliz desenlace fue crucial la disposición de lucha que apenas se asomó, pero que fue suficiente para mostrar la voluntad de lucha, fuerte e inquebrantable, que se iba a manifestar en las calles tan pronto comenzaran las clases en las universidades. El descontento general de la población por el costo de la vida, la inseguridad, el desempleo y muchas otras calamidades, se iba a ir detrás de los universitarios para reclamarle al gobierno soluciones. La conflictividad social iba a tomar la calle, más rápido aún con el aumento del IVA. Los sucesos en Bolivia contra el “gasolinazo” del gobierno de Evo Morales, deben haber pasado por la mente de la sala situacional de Miraflores.

Junto con esto, algunos creen que en la visita a Brasilia -en ocasión de la toma de posesión de Dilma Rousseff- el presidente percibió un rechazo a su paquetazo legislativo, en particular a la ley habilitante. Las declaraciones de Insulza (secretario general de la OEA) el viernes 7 de este mes no son a título personal, sino como vocero de un grupo de países latinoamericanos que han preferido proceder con la mayor cautela diplomática, para plantear esta cuestión en el marco de la Carta Democrática de la OEA.

Así entonces, ante la radicalización del gobierno, debemos insistir en la lucha política sin buscar atajos. Y ante su ineficiencia para resolver los diversos problemas y atender las reivindicaciones del pueblo, la movilización y la coordinación deben profundizarse. La conflictividad debe ir en aumento, radicalizarse, manteniendo siempre el carácter social y legítimo de las protestas, pero articulándose con las demandas políticas.

En ese sentido, debemos los gremios universitarios retomar la demanda por el incremento de sueldos y participar en las movilizaciones contra el paquetazo legislativo. Nuestra lucha debe radicalizarse o de lo contrario pasará este año también sin ver una mejoría en nuestro sueldo. Es claro también que debemos incorporarnos al debate sobre la ley de universidades; una nueva ley es necesaria y debemos aprovechar la sensibilidad que nos dejó la fenecida ley del dúo Queipo/Ramírez por encargo de Miraflores.

Celebremos la victoria y continuemos la lucha, por la universidad plural y autónoma, y por una Venezuela democrática, libre y próspera.

Dr. Pedro A. Reyes V.
Representante profesoral principal
Consejo Universitario UCLA
Periodo 2009-2012


Carta Profesoral Uclaista
Diciembre 23, 2010.

SIN CONSENSO LA LEY DE UNIVERSIDADES ES INVIABLE.

Estimadas y estimados colegas:

Nuestra conciencia y voluntad universitarias están ante una grave prueba. La Ley de Educación Universitaria, aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, debe ser rechazada de forma contundente. Activemos la movilización nacional para derrotarla.

Entre otras razones para rechazar esta ley, enumero las siguientes:

1. En primer lugar, el gobierno insiste en desconocer la voluntad popular, que en el referéndum para la reforma de la constitución (2 de Diciembre de 2007), rechazó el Estado Socialista. Esta ley insiste en ese propósito al poner como horizonte de la educación universitaria esa opción ideológica. Se desconoce la voluntad popular expresada en esa oportunidad, y en consecuencia se viola la Constitución que señala en su artículo 2 que Venezuela “se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”.

2. Desde la perspectiva doctrinal, la educación no puede estar en función de una ideología, en especial cuando se trata de la educación pública. En ese sentido, la ley de educación universitaria restringe la libertad académica y el ejercicio intelectual al establecer orientaciones hacia la opción socialista. Reconocer las diversas opciones y luego imponer una, no es libertad académica. La educación -para que sea verdadera- debe darse en un contexto de libertad, para conocer las diversas opciones y elegir de acuerdo al criterio que el individuo se haya formado. En ese sentido la educación universitaria no puede estar jalonada por una ideología en particular, porque pierde su sentido universal y deriva en el pensamiento único, formula segura para el empobrecimiento espiritual, cultural, político y económico del país. Solo en la pluralidad de pensamientos e iniciativas puede florecer la riqueza de una sociedad.

3. La autonomía como condición sine qua non para el ejercicio libre de la educación universitaria. Aquí de nuevo encontramos una violación a la constitución. En su artículo 109 dice: El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley. La ley de Educación Universitaria, vacía de contenido este precepto constitucional, al establecer que el reglamento electoral así como el reglamento del gobierno universitario serán dictados por el ministro. En otros artículos referidos a otras materias también se viola el principio de autonomía universitaria.

4. La ley no solo no fue consultada, sino que se elaboró con un espíritu de exclusión. Una ley de educación debe ser sancionada después de haber alcanzado un consenso en cuanto a su contenido. No puede ser de otra manera: sin consenso en materia educativa, ninguna ley será viable. Sin duda la educación universitaria requiere de cambios, innovaciones y transformaciones, pero la Ley aprobada lo que persigue es eliminar a las universidades como entes plurales, libres, críticos y creativos, sin sujeción a poderes de ninguna índole.

5. Alertamos que esta ley se alinea en la estrategia de incrementar el control político del gobierno nacional, para allanar el camino hacia el ejercicio dictatorial del poder público, para favorecer una agenda que nada tiene que ver con los problemas del pueblo y los intereses del país.



Dr. Pedro A. Reyes V.
Representante profesoral principal
Consejo Universitario UCLA
Periodo 2009-2012
Carta Profesoral Uclaista.
Diciembre 5, 2010.

SIN MUSA.

Si espero que llegue la musa, se me pasa el día y no escribo nada. Hasta pensé -en la desesperación- fusilar algunos mensajes que he recibido, muy inspirados y bien escritos. Pero en fin, no se trata de literatura sino simplemente de saludar a mis colegas en este particular día, en estas difíciles circunstancias y a la vista de un futuro inmediato paradójico, por incierto y certero al mismo tiempo.

Qué de incierto y qué de cierto tiene el futuro es algo de lo cual no puedo disertar sin musa; salvo que de cierto esta, como algo por descontado, nuestro inquebrantable compromiso de continuar con dignidad, responsabilidad y pasión, lo que hemos decidido y hemos tenido oportunidad de ser en esta vida: PROFESORES UNIVERSITARIOS.

Un abrazo

Dr. Pedro A. Reyes V.
Representante profesoral principal
Consejo Universitario UCLA
Periodo 2009-2012
CARTA PROFESORAL UCLAISTA.
Octubre, 2010.

Estimadas y estimados colegas.

Desde Julio a esta fecha, han sido muy apremiantes y álgidos los acontecimientos en la vida universitaria. En agosto vivimos la desagradable experiencia de recibir en forma fraccionada y tardía el pago del bono vacacional, que sea dicho de paso cada vez de vacacional tiene menos o nada. Con seguridad y sin lugar a dudas, cómo saber si eso que podemos calificar de atropello laboral, obedeció a la ya proverbial incompetencia administrativa de este gobierno o a su política contrauniversitaria. Como quiera que sea, el reclamo debe continuar y desde una postura gremial advertirle al Ministerio de Educación Universitaria que de repetirse este atropello tendrá una respuesta contundente.

En septiembre regresamos y no regresamos.

En la asamblea del 15 de ese mes, sostuve la urgencia y las razones de revertir la decisión de enero pasado respecto al pago del bono vacacional. Sostuve que tres circunstancias -no presentes en Enero- obligaban a revisar y desechar esa decisión.
Estas circunstancias eran: 1. El gobierno nos mojó la pólvora, al exhortar a las universidades para que no se incorporaran en septiembre, antes de las elecciones parlamentarias. La no incorporación no podía significar entonces un paro contra el gobierno, en la medida en que eso mismo era lo que le interesaba al gobierno; que presión se hizo sobre el gobierno si eso -repito- es lo que nos pedía que hiciéramos. 2. El segundo argumento, expuesto por algunos que me presidieron en la palabra, era la necesidad de retomar las actividades luego de las vacaciones para incorporarnos -como comunidad- al debate sobre las elecciones parlamentarias. Creo que nunca antes una elección parlamentaria había sido más importante para la universidad venezolana y para la UCLA en particular, como lo fue la del 26 de septiembre. No me detengo en explicaciones, porque creo que todos estamos al corriente de la LOE, la nueva ley de educación universitaria que debe ser promulgada, etc., etc. El no incorporarnos nos privó de diálogos, discusiones, conversaciones, la más de las veces informales y fortuitas, con empleados, obreros, estudiantes y profesores, sobre la importancia de esas elecciones parlamentarias. 3. Por último, y no menos importante, la sentencia de la Sala Electoral del TSJ sobre las elecciones rectorales de la UCLA. Requeríamos estar incorporados para analizar y debatir en conjunto, pero con un carácter de urgencia aún mayor que el punto anterior (en relación a esta cuestión de la sentencia de la Sala Electoral del TSJ, pronto estaré remitiendo una carta).

Ninguna de estas tres circunstancias existía en Enero de este año cuando se tomo la decisión de no incorporarse al período vacacional, sino se pagaba el bono como corresponde, y cada una de ellas y en conjunto, aconsejaban el reinicio de actividades académicas el 15 de septiembre. (A la luz de la experiencia que acabamos de vivir, considero que la idea de no iniciar vacaciones hasta que sea pagado el bono vacacional carece de sentido y debería desecharse por completo). Una consideración serena de estas tres circunstancias, ha debido conducir a la asamblea a decidir la incorporación a las actividades, y dedicarnos a preparar el momento oportuno para retomar la lucha gremial en términos de mayor efectividad y contundencia. No fue lo que ocurrió, y no se trata de llorar sobre la leche derramada, pero debemos analizar esa experiencia, intercambiar opiniones (algunos creen que fue lo correcto) y sacar conclusiones que podrían servir en el futuro.

Octubre 5: Un paro indefinido, solitario y ¿exitoso?

La asamblea de profesores de la UCLA decidió un paro indefinido desde ese día -coincidiendo con la ATAUCLA- hasta tanto el gobierno nacional decretara un aumento salarial y el pago de las deudas. En esta asamblea, el profesorado sobrepasó a la Junta Directiva de la APUCLA y con ello quedaron en evidencia muchas cosas que deben cambiar, por lo cual debo decir que es imperativa una reflexión que permita superar la concepción general subyacente en la conducción del gremio. Esta concepción no ha permitido visualizar que la estrategia hasta ahora puesta en práctica, está agotada y no se corresponde con las nuevas circunstancias. En este contexto, aplaudo la decisión de conformar una comisión de estrategia y felicito a sus integrantes por el excelente trabajo. La proposición de conformar una comisión intergremial es también plausible y urgente, como también es urgente -y en grado superlativo- restablecer las mejores relaciones con el sector estudiantil.

Quisiera pensar que este paro tuvo algún efecto positivo, en el contexto de la lucha nacional universitaria. Difícil saberlo, pero es una buena tesis la siguiente. El gobierno tomó nota de algo que el paro reveló: los profesores de la UCLA habían perdido el miedo y fueron al paro indefinido tan temido por el gobierno ¿Se contagiarían los demás profesores universitarios de Venezuela? Esto, más el paro de la UPEL y otras acciones de protesta por parte de obreros y empleados de universidades emblemáticas como la UCV, así como también la exitosa marcha en Caracas convocada por los rectores universitarios, movieron el piso del gobierno. Como contexto de fondo debe agregarse el nuevo cuadro político nacional resultado de las elecciones legislativas, que entre otras cosas, dejó al gobierno sin posibilidad de desacreditar a la lucha universitaria como parte de un plan golpista; argumento a todas luces ridículo, cuando el país acaba de protagonizar una irrefutable muestra de su vocación democrática.

Creo que el paro hizo su contribución, pero no daba para más. Era urgente levantarlo, principalmente por las tensiones internas con los estudiantes de la UCLA. Y se hizo en los términos correctos, no como una rendición ni una derrota sino como un compás de espera necesario, prudente y sobre todo con una convicción firme de continuar la lucha. Al momento de escribir esto, ya hay signos claros -como la aprobación de créditos adicionales en la Asamblea Nacional- para pagar la deuda del 2008 y la relativa al bono de alimentación, lo cual pone en evidencia el éxito de las movilizaciones de los gremios y universidades. Pero todavía falta lo más importante: el aumento de sueldos (en forma deliberada paso por alto lo del presupuesto universitario para solo referirme en esta carta a lo estrictamente gremial)

El aumento de sueldo debe concretarse este año, y puede ayudar mucho el anuncio de la hora cero del paro universitario nacional para los primeros días de Noviembre. De la fuerza con que este anuncio se haga -en forma unitaria con todos los sectores- dependerá que el gobierno no lo subestime y no tengamos que paralizar las actividades de nuevo; ojala así sea, para bien de todos. El deterioro del ingreso de la familia universitaria es insoportable por más tiempo. No podemos esperar más.

Dr. Pedro A. Reyes V.
Representante profesoral principal
Consejo Universitario UCLA
Periodo 2009-2012
Carta Profesoral Uclaista, Junio 2010.

AUTONOMÍA Y ACADEMIA.

En la oportunidad en que por primera vez nos referimos a la LOE, entre otras cosas señalamos que ésta no había cumplido con lo que se espera de toda ley de carácter orgánico, es decir, desarrollar los preceptos constitucionales. En este caso la LOE no desarrolló lo contemplado en el constitucional 109, que en sus dos últimas líneas establece que “Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley”

Ante esta falta, sostuvimos: “En sano sentido jurídico las leyes orgánicas deben desarrollar los postulados constitucionales, por lo que el legislador no puede soslayar el mandato de incluir previsiones relativas al estatus autonómico de aquellas universidades que todavía no lo son. Esta es una deficiencia inexcusable de la LOE, que amerita una fuerte denuncia. (Para el debate en defensa de la autonomía universitaria. Carta Profesoral Uclaista, 14 de Septiembre de 2009)

La ley de Educación Universitaria prevista en la LOE -que todavía no se esta discutiendo, a pesar de que se vence el plazo en poco mas de dos meses (15 de agosto próximo)- debería subsanar dicha falta, esto en caso de que no sea sometida la LOE a una profunda revisión y reforma por parte del nuevo parlamento a ser elegido el 26 de septiembre. En cualquier caso, lo que debe plantearse la UCLA en las actuales circunstancias, es retomar su lucha por la Autonomía y en ese contexto analizar las propuestas de cambio. Más tarde o más temprano, éste y otros temas tendrán que ser debatidos y definidos, bien sea en el contexto de la reforma de la LOE o en la redacción de la nueva ley de universidades.

En esta discusión el punto de referencia central e irrenunciable es la defensa de la Academia. Cualquier propuesta de cambio universitario debe partir o tener como referencia central, la defensa del carácter académico de la universidad venezolana. Esto podría parecer una perogrullada, pero no lo es a la luz de los intentos de convertirla en un centro politizado, en el sentido de que el criterio político sea lo que prevalezca en la vida de la institución. En este particular, la UCLA ha hecho avances importantes, claros y firmes, para gobernar su quehacer de modo que los criterios académicos predominen, antes que otros.

Por tanto, antes que discutir solo un reglamento electoral para la elección de las autoridades universitarias, lo que debe hacerse es discutir propuestas -para que por vía de la ley- alcancemos la autonomía universitaria por un acto legislativo de la Asamblea Nacional. Esta perspectiva será posible en la medida en que se logre la elección de un parlamento plural, en donde se ejerzan con dignidad las diferentes funciones del Poder Legislativo; hasta es posible que al menos una parte de la bancada oficialista que resulte electa, se comporte con independencia.

Dr. Pedro A. Reyes V.
Representante profesoral principal
Consejo Universitario UCLA
Periodo 2009-2012
Carta Profesoral UCLAISTA
Abril, 2010.

NO AGUANTÓ EL PESO DE LA MASCARA.

Resulta que el Frente de Integración Universitaria (FIU) no solo es intervencionista sino además una dependencia del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU). Mantuvimos una respetuosa consideración al FIU, en la presunción de que tal denominación representaba una genuina expresión de un grupo de universitarios cuyas opiniones y acciones no compartimos pero a las cuales debíamos respeto, para ser consecuentes y coherentes con nuestra convicción democrática.

Decimos que el FIU es una dependencia del MPPEU por cuanto su más conspicuo vocero es el representante del MPPEU ante el Consejo Universitario de la UCLA. ¿Intervencionista? Quisiera un desmentido, pero circula un artículo del representante del ministerio en el cual dice que el 15 de mayo: “…deben nombrarse nuevas autoridades transitorias hasta que se convoque un proceso electoral, tal como lo establece el artículo 34.3 de la LOE. He aquí un reto y una oportunidad para el nuevo ministro Edgardo Ramírez y para el gobierno revolucionario”. (http://www.aporrea.org/educacion/a98461.html)

Solicitar el nombramiento de autoridades transitorias, no puede llamarse de otra manera que INTERVENCIÓN. La referencia es ineludible. Cuando el profesor Guzzetta era decano del DAC, perdió las elecciones las cuales impugnó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), éste adoptó una medida cautelar que suspendió la juramentación y la toma de posesión del ganador y ordenó que el profesor Guzzetta continuara en el cargo hasta que el TSJ dictara sentencia. Todos acataron esa decisión del TSJ (varios meses después el tribunal declaró sin lugar el recurso de impugnación interpuesto; de nuevo todos acataron la decisión)

Lo que en buen derecho procede, en caso de que el TSJ decida suspender el proceso de elección de las autoridades universitarias, es la continuidad de las actuales autoridades por mandato del juez. El nombramiento de autoridades transitorias va en sentido contrario al espíritu del artículo 109 de la Constitución, que consagra el ejercicio de la autonomía universitaria en todo momento y circunstancia, y es un retroceso en el proceso de democratización y autonomía universitaria. Además de la jurisprudencia del caso Guzzetta, existen otras sobre la continuidad administrativa de funcionarios públicos en situaciones similares. Por otra parte, la continuidad -hasta que se tome una decisión en el TSJ sobre el recurso de impugnación- es lo más conveniente para el normal desarrollo de la gestión universitaria, tan complicada en momentos de insuficiencia presupuestaria y otros problemas.

Pedir la intervención de la UCLA, evidencia la poca confianza en los argumentos que se esgrimen en relación a la supuesta violación del artículo 34,3 de la LOE. Se busca en forma desesperada sorprender en su buena fe al ministro para que decrete la intervención de la UCLA, injusta e innecesaria en la medida en que existen los recursos jurídicos para resolver las diferencias de criterio en relación al antes citado artículo de la LOE. A tal punto es la desesperación, que se le oculta al ministro el alto costo político que dicha medida tendrá para el gobierno.

La medida no contará ni siquiera con el respaldo de la mayoría de los afectos al gobierno, porque creen en el Estado de Derecho, la autonomía y la democratización de la UCLA, sin sobresaltos ni manipulaciones que responden a intereses personales o grupales, ajenos al interés institucional de la universidad.

LA INTERVENCIÓN NO PASARÁ.
Dr. Pedro A. Reyes V.
Representante profesoral principal
Consejo Universitario UCLA
Período 2009-2012
Carta Profesoral Uclaista
Marzo 22, 2010.

“La FAPUV cayó en la trampa, mi comandante”.

Esas deben haber sido las palabras del nuevo ministro de Educación Universitaria. Con el cuento de que es nuevo y no está enterado de nada, la FAPUV bajó la guardia y al final pasó a una tregua inexplicable. Que el ministro necesite tiempo para ponerse al día sobre la problemática de las universidades no puede tomarse sino como una excusa. El ministro podrá ser nuevo pero este gobierno es el mismo y que haya nombrado a un ignorante de la realidad que le toca enfrentar no es nuestro problema. No ha debido bajarse la guardia, al pasar de un paro de 48 horas a uno de 24 y luego una tregua para darle chance al ministro. Rectifiquemos y reanudemos las medidas gremiales de presión, YA!

Recomiendo la lectura del editorial de Tal Cual de hoy, que anexo abajo.

Saludos y nos vemos este miércoles 24, en la marcha por la Dignidad del Pueblo Larense.

Dr. Pedro A. Reyes V.
Representante profesoral principal
Consejo Universitario UCLA
Periodo 2009-2012
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Portada
Lunes 22 de Marzo de 2010
TalCual
CONTRA LA BARBARIE
Teodoro Petkoff

Chávez no quiere a las universidades. Y por lo mismo, las universidades tampoco quieren a Chávez. Esto último se puede probar matemáticamente, contando las cifras abrumadoras y reiteradas de las elecciones profesorales y estudiantiles de aquellas que todavía pueden expresarse, las mayores de paso. Una revolución sin jóvenes, valga decir sin futuro, y sin saberes es cosa más bien desoladora y siniestra. Las razones no deben ser muy difíciles de establecer, tienen que ver con el deseo de convertir el país en un inmenso cuartel: sin cultura, sin diálogo, sin libertad de espíritu y de crítica, sin rebeldía. Valga decir los valores que le son esenciales al alma universitaria. Pero como Chacumbele no tolera sino al que le rinde los honores correspondientes, todos los demás, que van siendo legión por cierto, se convierten en reptiles, renacuajos, escarabajos y sólo pueden esperar su inclemencia. Y vaya que ha sido dura con las universidades. Más ahora, que los estudiantes no sólo no han querido comer del árbol de las tres raíces, de los manuales de la Harnecker, de las barbas marchitas de Fidel o de los platillos teocráticos iraníes sino que les ha dado por salir a la calle alegres, pacíficos y ocurrentes a defender libertades y derechos; o sus "elitescos" profesores, que no dejan de señalarle su oceánica ignorancia y las catástrofes de su gobierno que de vaina nos están dejando país.
Ahí tienen, pues, su merecido. Presupuestos de sobrevivencia, salarios míseros, limitación de la autonomía, novísimas elecciones populistas, maldiciones al mérito y procacidades del gangoso verbo presidencial. Y, más recientemente, gas del bueno y guardias nacionales entrenados para ser feroces.

Pero como si todo eso no bastara hay que aplicarle la más sucia violencia, la más fascista, y no es metáfora, la de sus matones paramilitares, sus sicarios oscuros, sus terroristas tarifados. A cada rato, por cualquier motivo, se atropellan personas y bienes universitarios en todas las altas casas de estudio del país. Así se trate de los compañeros de aula o de los inigualables recintos del patrimonio de la humanidad. Y el gobierno cabroneando. El ministro, quien confesó no saber qué pasa en las universidades, se hace cómplice de la barbarie afirmando que son las autoridades rectorales las responsables y no el malandraje colorado. Al fin y al cabo son gente de este lado, mandados por algún cacique o por varios o por todos. Y es fácil la tarea: basta una bandita de pistoleros bien provistos para dejar inermes a las grandes mayorías que los adversan con las manos blancas que tanto obseden al Presidente.

Los estudiantes tienen que encontrar la manera de parar ese humillante y amenazante atropello. Los estudiantes demócratas deben poner en su agenda como primera prioridad detener la barbarie que amenaza sus vidas y sus instituciones. Hay que presionar para que el gobierno se dé cuenta de que ese crimen no paga. Así haya que montar guardia día y noche para resguardar el derecho a saber, a crecer, a salvaguardar la luz del entendimiento que es la única que hace porvenir
CARTA PROFESORAL UCLAISTA.
Febrero 17, 2010.

LLAMADO A ELECCIONES RECTORALES AJUSTADO A DERECHO.

A toda la comunidad de la UCLA:

El pasado 10 de Febrero del año en curso, el Consejo Universitario de nuestra universidad tomó una decisión que debe ser recibida con serenidad y ponderación, con sentido crítico pero alerta a tergiversaciones que pondrán a prueba la madurez institucional de todos nosotros. La decisión fue llamar a elecciones rectorales con el Reglamento Electoral actual, sin ninguna modificación por considerar que sigue vigente.

Soy solidario con esa decisión sin ninguna reserva y así lo puse de manifiesto al votar a favor, en mi condición de uno de los dos representantes principales de los profesores ante el Consejo Universitario de la UCLA.

De seguida paso a exponer los argumentos legales de dicha decisión.

En pocas palabras, son dos las razones principales para convocar a elecciones rectorales con el Reglamento Electoral vigente.

En primer lugar, todavía no existe el reglamento que especifique la forma concreta de darle cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 34 de la LOE (Art. 34, 3. LOE) el cual incorpora a los empleados, obreros y egresados al universo electoral de las universidades, los cuales junto con los estudiantes y profesores podrán ejercer el sufragio en igualdad de condiciones. La LOE faculta a la Asamblea Nacional para que dicte ese y otros reglamentos, así como una serie de leyes especiales entre las que se cuenta la Ley de Educación Universitaria, en un lapso no mayor de un año (ver artículos 32 y 34, numeral 3 de la LOE así como las disposiciones transitorias 2 y 3)

Y en segundo lugar -pero no menos importante- el artículo 298 constitucional dice: “La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma”. En el caso de las elecciones rectorales de la UCLA, dicho período se cuenta desde principios de noviembre de 2009, hasta unos días antes del 14 de mayo de 2010, día en que vence el período de las actuales autoridades rectorales. En consecuencia, es claro que en este momento no puede hacerse ningún cambio en las normas electorales, sin que se incurra en violación de la Constitución Nacional.

No Hay Responsabilidad por Omisión.

Cierto es que el Consejo Universitario de la UCLA (CU-UCLA) no tomó ninguna medida antes de que el período contemplado en el constitucional 298 entrara en rigor; también es cierto que tampoco lo hizo el Ejecutivo Nacional.

El CU-UCLA hubiera podido solicitarle al gobierno nacional la reforma del Reglamento General de la UCLA (artículos 18, 19 y 35) para poder reformar el Reglamento Electoral, hacer los cambios necesarios y definir el modo de aplicar lo dispuesto en el Art. 34, 3. LOE (el cual sea dicho de paso admite interpretaciones). Téngase presente la circunstancia de que el CU-UCLA no está facultado para reformar el Reglamento General de la UCLA.

De igual manera el gobierno nacional, a través del ministro de educación universitaria, podía haber tomado la iniciativa para que el presidente -en Consejo de Ministros- aprobase dicha reforma. Ni uno ni otro lo hicieron, antes de que entrara en vigencia la “veda legislativa” del artículo 298 de la Constitución Nacional. Cabe la pregunta: ¿Por qué no lo hicieron?

Como ya se mencionó, la LOE le dio a la Asamblea Nacional -entre muchas otras- la tarea de desarrollar lo contemplado en el numeral 3, artículo 34 de la LOE en el plazo de un año, el cual vence el 15 de agosto de 2010. Por tanto, mal podría haber actuado el Ejecutivo Nacional y el CU-UCLA cuando apenas habían transcurrido más o menos tres meses de dicho plazo. Pero además, hay que tener en cuenta lo siguiente. Mal podría la UCLA, en solitario, definir algo que incumbe a todas las universidades venezolanas, que debe ser producto de un análisis amplio, convocado por la Asamblea Nacional, como ha debido hacerlo antes de aprobar la LOE. Asimismo, la cuestión de la aplicación concreta del Art. 34, 3 LOE, no puede resolverse al margen de otras interrogantes, como las que se desprenden del artículo 32 de la LOE, el cual reza en su segundo párrafo:

La educación universitaria estará a cargo de instituciones integradas en un subsistema de educación universitaria, de acuerdo con lo que establezca la ley especial correspondiente y en concordancia con otras leyes especiales para la educación universitaria. La ley del subsistema de educación universitaria determinará la adscripción, la categorización de sus componentes, la conformación y operatividad de sus organismos y la garantía de participación de todos y todas sus integrantes.

En síntesis, no puede entonces hablarse de omisión, cuando la responsabilidad de actuar no recaía ni en el CU-UCLA ni en el gobierno nacional; ni siquiera puede decirse que hay omisión por parte de la Asamblea Nacional, por cuanto su plazo no ha vencido.

En el fondo, en todos los sectores -institucionales, políticos y jurisdiccionales- hay inquietud por una serie de implicaciones que no se previeron por la forma apresurada e inconsulta en que la LOE fue elaborada y aprobada, en relación a muchos asuntos. Expresión de esto es el hecho de que la Sala Constitucional del TSJ aún no decide sobre la demanda de nulidad contra la LOE, interpuesta por un grupo de rectores de las universidades venezolanas a comienzos de Octubre de 2009.

La convocatoria a elecciones rectorales en la UCLA no puede esperar y teniendo en cuenta el artículo 298 constitucional y los artículos 32 y 34, numeral 3 de la LOE, así como sus disposiciones transitorias 2 y 3, ésta debe regirse por el Reglamento Electoral actual. Mal podría este criterio jurídico tomarse como excusa para amparar otras intenciones, que no sean apegarse al principio de alternabilidad democrática y a la ley venezolana, en el ejercicio de la parcial autonomía que tiene la UCLA. Por otra parte, nada justifica irrespetar -sobre la base de prejuicios y/o intereses personales- la voluntad del Consejo Universitario de basar su decisión en un criterio jurídico con el cual se puede estar en desacuerdo, pero que debe respetarse en atención a la condición de legalidad y legitimidad de quienes integramos el actual Consejo Universitario. El respeto a la opinión divergente, a la condición académica, profesional y personal de los Consejeros y de quienes aportan su experticia técnica en el proceso de toma de decisiones del Consejo Universitario, debe ser uno de los principios rectores del quehacer universitario.

En este contexto, es necesario que en el futuro inmediato la UCLA haga esfuerzos para encauzar el debate dentro de coordenadas institucionales, que permitan resolver -entre otras interrogantes- cómo concretar la participación de empleados, obreros y egresados en la elección de las autoridades de las universidades venezolanas.

Dr. Pedro A. Reyes V.
Representante profesoral principal
Consejo Universitario UCLA
Periodo 2009-2012
CARTA PROFESORAL UCLAISTA.
Enero 21, 2010.

Reciban cordiales saludos, profesoras y profesores, en la oportunidad de hacerles llegar unas líneas para compartir algunas inquietudes e intercambiar ideas para el debate, en este comienzo tardío de actividades.

1. El Presupuesto 2010. Una triste historia esta del presupuesto universitario. Importa al respecto puntualizar lo siguiente. En primer lugar la pregunta: ¿A qué obedece este problema? Algunas respuestas: ineficiencia administrativa del gobierno, en particular del ministerio; a lo que se agrega una concepción política que implica definir a la universidad como enemigo, por su compromiso con una conducta crítica que se niega a dejar de ser espacio de la sociedad venezolana para la discusión, la denuncia y la democracia. La conclusión a la que llego es que solo mediante la movilización de la comunidad universitaria será posible torcer el rumbo de la situación y obligar al gobierno a rectificar. Confío en la capacidad de lucha de los universitarios, en que lograremos levantar el ánimo y la confianza, y emprender con diferentes medios acciones para lograr el presupuesto necesario. Luchar o rendirse; pero nada más ajeno al espíritu universitario que la rendición, por tanto no hay opción: perentorio es luchar.
2. La estrategia del gobierno para controlar a las universidades tiene como instrumento principal el presupuesto: aprobar un presupuesto deficitario en la Asamblea Nacional, para luego usar el auxilio financiero en lugar de créditos adicionales, lo cual le da al gobierno un margen casi infinito de manipulación para asignar los recursos, tanto con respecto a los montos y partidas, como en cuanto a la fecha. Se crean así las siguientes dos situaciones: a) un clima de incertidumbre expectante (expresión propia del estamento militar en la teoría de la guerra sicológica) que persigue desmovilizar y desmoralizar; y b) a través del recorte o eliminación del financiamiento a la investigación científica y de la extensión universitaria, el gobierno persigue limitar la influencia y la relevancia de la universidad venezolana en la sociedad.
3. La respuesta de las universidades se ha caracterizado por la tolerancia, paciencia y la prudencia. La denuncia permanente, movilizaciones, marchas y paros han sido las herramientas legítimas que hemos usado. Pero el gobierno no ha valorado lo suficiente esta respuesta; en cambio busca descalificar la propuesta popular calificándola de “guarimba” e intimidar incluso con el uso de la violencia física. Los hechos acaecidos en diciembre pasado en la UCV en Caracas y en San Cristóbal (ver más abajo -al final de esta carta- un comunicado del Consejo Universitario de la UCAT y en archivo anexo una declaración de la AVERU) cuentan entre las pruebas mas recientes de la represión gubernamental contra la universidad venezolana. Se equivoca el gobierno, si cree que los universitarios renunciaremos a nuestro derecho a huelga, derecho consagrado en el artículo 97 de la Constitución de Venezuela e irrenunciable como todos los demás derechos laborales, según reza el numeral 2 del artículo 89 de la misma constitución. No será una decisión fácil; ojala no tengamos que llegar a ese extremo, pero será el gobierno con su tozudez el que deberá responder por las consecuencias. Que no se entienda esto como un llamado a la huelga ya. De lo que se trata es de no crear equívocos: las denuncias, movilizaciones y paros, no sustituyen a la huelga ni significan una renuncia a ella. Lo que se ha hecho hasta ahora es una actuación prudente, que toma en cuenta las consecuencias negativas y riesgos de una paralización indefinida, y se entiende que de tomarla debe ser una vez garantizado el éxito. En conclusión: hay que perseverar en esa línea, sin que ello signifique renunciar a la huelga indefinida. En el futuro, la necesidad (la justeza del reclamo y la tozudez del gobierno) y las condiciones (internas: unidad de todos los sectores; y externas: apoyo y comprensión de la gente) determinarán si va o no la huelga general universitaria. Este año se suma un elemento nuevo a considerar en la estrategia de lucha, a saber: las venideras elecciones parlamentarias.

Dr. Pedro A. Reyes V.
Representante profesoral principal
Consejo Universitario UCLA
Periodo 2009-2012


UCAT
Consejo Universitario

COMUNICADO

Consternados por los acontecimientos que han afectado la normalidad de la vida universitaria, el Consejo Universitario de la Universidad Católica del Táchira, manifiesta su dolor por el fallecimiento del estudiante de la UNET, Jesús Eduardo Ramírez, se solidariza con sus familiares, amigos y compañeros, así como con todas las familias tachirenses afectadas por la desaparición injusta de sus miembros más jóvenes.

Los tachirenses hemos estado sometidos a un sinnúmero de dificultades para llevar una vida productiva y cordial. La disminución de la actividad fronteriza con la pérdida de un considerable número de empleos, la incertidumbre en el acceso a los servicios públicos básicos como la atención sanitaria, el suministro de agua, combustibles y electricidad, la vialidad y transporte público, los efectos de las intervenciones bancarias, están siendo fuente de angustias para miles de familias. El ambiente político se ha mantenido en una continua tensión entre posiciones que se pretenden irreconciliables y promueven el crecimiento de la intolerancia en las relaciones a todos los niveles. A ello se suma el alarmante crecimiento de la violencia delincuencial, acompañada de la impunidad de quienes infringen la ley, creando así una inhumana situación de inseguridad.

La violencia aparece como la mayor tentación para enfrentar los problemas existentes, desde las relaciones fronterizas hasta las intrafamiliares, pasando por las universitarias. Con toda responsabilidad aseguramos que la violencia no es el camino. Por el contrario, cualquier forma de violencia contribuye a aumentar la crispación social y la inseguridad, retrasando la posibilidad de resolver los conflictos a través del diálogo y la negociación.

Desde la Universidad estamos llamados a reivindicar el humanismo que inspira verdaderamente la construcción de una sociedad justa y amable. Pensando y actuando universitariamente queremos hacer nuestra mejor contribución a una sociedad en la que caben todas las culturas, visiones e ideologías, las instituciones se fortalecen porque cumplen su cometido, los inevitables conflictos se resuelven por la vía de la política, entendida como la superación del uso de la violencia para tomar e imponer decisiones. Una sociedad en la que el trabajo productivo genera los bienes necesarios para que, bien distribuidos, faciliten una vida mejor a todos los miembros de la sociedad.

El Consejo Universitario de la Universidad Católica del Táchira, al mismo tiempo que acompaña en su dolor a las víctimas de tanta violencia e injusticia, confirma su compromiso de contribuir, en unión a otras instituciones también comprometidas y a todos los habitantes de la región tachirense movidos por el deseo de una vida digna, a superar la violencia, exigir el cumplimiento del ordenamiento jurídico, el cese de la impunidad y el funcionamiento estable de los servicios públicos.

Que estas navidades de 2009, en las que damos la bienvenida al niño Jesús, Príncipe de la Paz, se conviertan en una oportunidad para el pensamiento reflexivo que lleve a tomar acciones de corto, mediano y largo plazo que permitan superar los obstáculos para vivir en una sociedad con plena vigencia de los Derechos Humanos.

San Cristóbal, 10 de diciembre de 2009


CARTA PROFESORAL UCLAISTA. 09 DE OCTUBRE 2009

LA LOE: QUE NO DECAIGA LA DISCUSIÓN.

Estimadas y estimados colegas.

La universidad venezolana se encuentra en uno de sus momentos más definitorios en mucho tiempo. Con la aprobación de la LOE, el destino de la universidad se dibuja con trazos inquietantes. Es ineludible para los profesores universitarios el análisis, reflexión y debate de este asunto. Ineludible por cuanto en la primera línea de defensa de la universidad, deben estar quienes conforman el corazón de la actividad académica, para divulgar y discutir con argumentos claros las razones para cuestionar los términos de la LOE, así como el proceder que siguió la Asamblea Nacional para aprobarla.

Tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria, muchos quieren saber cuales son esas razones. Definirlas debe ser un ejercicio hecho en un contexto de pluralidad y tolerancia, en la que deben participar también quienes apoyan la LOE y tomarse nota de sus posiciones. En fin de cuenta la LOE debe ser una ley de consenso nacional.

Considero que el esfuerzo no es fútil. En primer lugar porque la LOE ha sido sancionada en el ámbito parlamentario, pero en el ámbito de la opinión pública la discusión está abierta y ganarla es condición necesaria para luego tener la posibilidad política que permita derogarla. Los tiempos pueden ser largos, más de lo deseable, pero el esfuerzo debe ser sostenido y en todos los ámbitos. En ese sentido es plausible la iniciativa de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) que esta semana introdujo en el TSJ una demanda de nulidad de la LOE. En todo caso, nada hace mas daño al espíritu que la inacción porque lo deja presa de la depresión. Sigamos debatiendo y divulgando esta cuestión, es la única manera en que saldremos adelante.


HACIA UNA NUEVA LOE DE CONSENSO NACIONAL, NO A LA IMPOSICIÓN.

Pedro A. Reyes V.
Representante Profesoral Principal
Consejo Universitario UCLA
Período 2009-2012.



Carta Profesoral Uclaista.
14 de septiembre 2009.


PARA EL DEBATE
EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA.

El 15 de agosto de 2009 deberá quedar registrado como el día en que el actual gobierno nacional inicia el proceso legislativo para restringir la autonomía universitaria, a tal punto que -de tener éxito- quedaría eliminada en la práctica. Esto se corresponde con el carácter político del gobierno, que no sabe lidiar con espacios sociales en donde el sentido crítico y liberador se opone al retroceso y a la imposición del pensamiento único.

Veamos algunas puntualizaciones sobre esto, a partir del texto de la LOE. En primer lugar -de particular interés para la UCLA- la ley no desarrolla el postulado contenido en las dos últimas líneas del artículo 109 de la Constitución Nacional, que se refieren a las universidades experimentales y el derecho que tienen de alcanzar la autonomía universitaria. Cito:

Artículo 109. °
El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley. (Cursivas nuestras)

En sano sentido jurídico las leyes orgánicas deben desarrollar los postulados constitucionales, por lo que el legislador no puede soslayar el mandato de incluir previsiones relativas al estatus autonómico de aquellas universidades que todavía no lo son. Esta es una deficiencia inexcusable de la LOE, que amerita una fuerte denuncia. Aún más grave es la regresión que la LOE hace en los ámbitos de ejercicio de la autonomía universitaria. Por ejemplo, el numeral 2 del artículo 34 dice, respecto a las funciones en que se ejercerá la autonomía, lo siguiente:

Planificar, crear, organizar y realizar los programas de formación, creación intelectual e interacción con las comunidades, en atención a las áreas estratégicas de acuerdo al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, las potencialidades existentes en el país, a las necesidades prioritarias, al logro de la soberanía científica y tecnológica y al pleno desarrollo de los seres humanos. (Cursivas nuestras)

Obsérvese que prescribe esta norma que las funciones de docencia, investigación y extensión (programas de formación, creación intelectual e interacción con las comunidades), deben ponerse en función del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, lo que debe entenderse como el plan de gestión del presidente de turno, convirtiendo así a las universidades en dependencias del gobierno.

En el artículo 35 de la LOE se ordena la elaboración de las leyes especiales de la educación universitaria, como se lee en la cita textual que sigue:

La educación universitaria estará regida por leyes especiales y otros instrumentos normativos en los cuales se determinará la forma en la cual este subsistema se integra y articula, así como todo lo relativo a:
1. El financiamiento del subsistema de educación universitaria.
2. El ingreso de estudiantes al sistema mediante un régimen que garantice la equidad en el ingreso, la permanencia y su prosecución a lo largo de los cursos académicos.
3. La creación intelectual y los programas de postgrado de la educación universitaria.
4. La evaluación y acreditación de los miembros de su comunidad, así como de los programas administrados por las instituciones del sistema.
5. El ingreso y permanencia de docentes, en concordancia con las disposiciones constitucionales para el ingreso de funcionarios y funcionarias de carrera, así como con las disposiciones que normen la evaluación de los y las integrantes del subsistema.
6. La carrera académica, como instrumento que norme la posición jerárquica de los y las docentes, así como de los investigadores y las investigadoras del sistema, al igual que sus beneficios socioeconómicos, deberes y derechos, en relación con su formación, preparación y desempeño.
7. La tipificación y los procedimientos para tratar el incumplimiento de las disposiciones que en materia de educación universitaria están previstas en esta Ley y en las leyes especiales.
8. La oferta de algunas carreras que por su naturaleza, alcance, impacto social e interés nacional deban ser reservadas para ser impartidas en instituciones especialmente destinadas para ello.

El efecto de estas leyes especiales, será una reducción significativa de los aspectos sobre los cuales las universidades podrán ejercer facultades para dictar normas, así como también para ejercer supervisión y control, lo cual se traduce en un estrechamiento del ámbito efectivo para ejercer la autonomía. En otro sentido, llama la atención el numeral 8, el cual reserva la oferta de carreras de impacto social e interés nacional para ser impartidas por instituciones especialmente destinadas para ello. Cabe pensar que carreras como medicina y todas aquellas vinculadas con la salud humana, podrían pasar a instituciones controladas directamente por el gobierno, luego de retirarles la licencia a las universidades para dictar las mismas.

En concordancia con lo dicho sobre el numeral 2 del artículo 34, en el artículo 36 se define y reconoce el principio de la libertad académica o de cátedra en el ejercicio de la docencia, la investigación y las relaciones con la comunidades, pero lo condiciona a la Constitución y a lo que se establezca en un futura ley. El reconocimiento de este principio -fundamental para el pensamiento liberador y creativo- a lo sumo puede estar restringido por lo dispuesto en la Constitución; cualquier ulterior condicionamiento normativo no puede tener otro efecto o propósito que anularlo o restringirlo, para mitigar o suspender sus consecuencias.

En síntesis, las consecuencias negativas que podría traer la restricción de la autonomía en la vida de la universidad venezolana, se pueden resumir en la pérdida progresiva de la dinámica de la diversidad del pensamiento y un incremento del control gubernamental sobre el quehacer universitario, llegando al punto de convertir a las universidades en apéndices del gobierno de turno, lo que se traduce en la pérdida de un espacio de análisis, debate y creación de civilidad democrática para el país.

Pedro A. Reyes V.
Representante Profesoral Principal. Consejo Universitario UCLA.
Bienvenidos.

Estoy preparando un informe de gestión, de mitad de término. El 8 de julio de 2009, iniciamos nuestra actuación como uno de los dos representante de los profesores ante el Consejo Universitario de la UCLA, para el período 2009-2012.

En estos días que corren, estamos ya en mitad de ese período, y he considerado necesario presentar ese informe. Espero tenerlo listo pronto.

Saludos,

Dr. Pedro A. Reyes V.