Carta Profesoral Uclaista.

Junio 12, 2011.

La suspensión de las elecciones universitarias en Venezuela.

A la fecha de escribir esta carta, son ya diez las universidades venezolanas que tienen suspendidas las elecciones de sus autoridades, por orden judicial de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Estas son: Universidad Central de Venezuela, Universidad de Carabobo, Universidad de Oriente, La Universidad del Zulia, Universidad Simón Bolívar, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Universidad Nacional Experimental Politécnica, Universidad Nacional Experimental del Táchira, Universidad Nacional Abierta y la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Los aspectos jurídicos -si bien importantes para el análisis- son parte menor de una situación que tiene como componente mayor la intención política de controlar a las universidades.

Querer controlar a las universidades forma parte del núcleo central del proyecto totalitario y autocrático del presente gobierno. Desde sus inicios hace doce años, el gobierno ha intentado controlar dos elementos fundamentales de la vida democrática del país: los sindicatos y las universidades. Con estrategias distintas, ha perseguido controlar a estos actores con una insistencia y perseverancia que solo puede explicarse por el talante autoritario, que por cierto ya comienza a cansar incluso a sus propios seguidores.

Exponer las razones de lo importante que es controlar a estos sectores, no esta en la intención de esta carta. Por esta vez, me limito a consignar el más sólido convencimiento de que el afán contralor explica todos y cada uno de los actos del gobierno hacia las universidades, en el plano político. En el caso de la suspensión de las elecciones universitarias, se puede ver con suprema claridad como al gobierno no le interesa en lo más mínimo la ampliación del universo de electores. Prueba de ello es que no hace nada, en absoluto, para promoverla en aquellas universidades que no eligen a sus autoridades, sino que son designadas por el presidente. Nada impide que el gobierno avance en ese sentido, excepto que carece de real interés en el asunto. De allí que tampoco presione para que haya una aplicación efectiva y rápida de las sentencias que ha dictado al respecto el TSJ. En esta materia el gobierno se muestra parsimonioso, legal y “respetuoso” del poder judicial. Su temor es que se genere un movimiento en las universidades experimentales, reclamando su democratización y se vea obligado a perder el control sobre ellas.

En el caso de las universidades que eligen a sus autoridades, la intención de suspender las elecciones por vía jurídica es crear una situación delicada, vulnerable, propicia para intimidar y hasta promover la desobediencia y el caos, que pueda ser la excusa para la intervención, que de ocurrir -sea dicho de paso- no daría pie a la democratización y la participación constituyéndose otro fraude más de los oficialistas. Es por ello que hay que salir al paso de las nada ingenuas declaraciones y acciones de algunos, que de una u otra forma tratan de desafiar la legalidad de las autoridades, que continúan en el ejercicio de sus cargos por mandato del juez de la causa.

Desde que se anunciara la intención de impugnar las elecciones rectorales en la UCLA, denuncié en declaración a la prensa (Diario El Impulso, 20 de Abril de 2010) que había un sector oficialista -abanderado con las aspiraciones de participación de importantes sectores universitarios- cuya intención real era propiciar la intervención. En esa misma declaración dije: “Nuestra postura es dar la bienvenida a la participación de empleados y obreros en el proceso de democratización de la conducción universitaria, pero éste debe darse sin sobresaltos, de conformidad con el Estado de Derecho y sin caer en salidas que responden a intereses personales o grupales. En tal sentido, hacemos un llamado a la Asamblea Nacional para que mediante un proceso de participación, amplio y verdadero, convoque a la comunidad universitaria nacional para la formulación de la Ley de Educación Universitaria y su reglamento, lo cual permitirá la aplicabilidad de lo dispuesto en el artículo 34, 3 de la LOE. Entretanto considero que las elecciones rectorales deben darse el próximo 5 de mayo, y posteriormente re-legitimar las elecciones conforme al nuevo reglamento”

Pocos días después de esa declaración, dirigí una carta al rector de la UCLA -la cual leí en una reunión ordinaria del Consejo Universitario- en la que me pronunciaba en el sentido de que el proceso de concertación propuesto por el entonces ministro Luís Acuña, debía “inscribirse o coordinarse con el proceso legislativo que debe tener lugar para la promulgación de la ley de educación universitaria y su reglamento, al frente del cual debe estar la Asamblea Nacional y con la participación activa de la comunidad universitaria nacional. En tal sentido, sugiero proponer al ministro una reunión con la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, las universidades nacionales y el Ministerio de Educación Universitaria, a fin de acordar el inicio de dicho proceso legislativo”

Para el gobierno ese camino no se correspondía con sus intenciones de crear una situación de vulnerabilidad, no solo para la UCLA sino -con el tiempo- para todas las universidades del país. Esa es la situación en la que estamos ahora.

Creo que es viable la participación del personal administrativo y obrero en la elección de autoridades, sin que se vulnere el carácter académico de esta elección, pero no solo en aquellas universidades que eligen a sus autoridades, como las autónomas y algunas experimentales entre las que esta la UCLA. La salida esta en impulsar un diálogo nacional para que en el marco de la discusión de la Ley de Educación Universitaria, avancemos en la concertación de una ley especial electoral para las universidades. Un gran reto para todos y en especial para el gobierno.

Los invito a leer el comunicado de la AVERU, sobre la suspensión de las elecciones universitarias, que reproduzco en la pestaña: Conflicto-universitario.

Dr. Pedro A. Reyes V.
Representante profesoral principal
Consejo Universitario, UCLA.
Período 2009-2012