La gasolina en su laberinto.

El gobierno dirá que el aumento de la gasolina es una victoria popular contra el imperio, contra el Fondo Monetario Internacional, contra el neoliberalismo y contra la guerra económica de la oligarquía; la verdad es que la victoria será de la racionalidad económica, la cual dicta que no se debe vender a pérdida y siempre debe haber ganancias en toda operación comercial. Claro que la motivación del gobierno para aumentar el precio de la gasolina, no es esa racionalidad sino la necesidad de sacar efectivo para cubrir el déficit fiscal -ya cercano a la cota de veinte por ciento del PIB- y seguir financiado el desmedido gasto público.

El tema no es nada nuevo. Por mucho tiempo antes de 1999, varios expertos propusieron corregir lo que se había convertido en un precepto sagrado para cualquier gobierno; Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera lo intentaron sin mucho o ningún éxito. Las expectativas con el gobierno de Chávez eran muy altas en relación con cuestiones muy sensibles, que reclamaban medidas impopulares que solo su carisma, el amplio apoyo popular y el progresivo control político de todas las instituciones, podían hacer viables. El creciente ingreso petrolero completó un cuadro inmejorable para tomar y hacer efectivas esas acciones, en la medida en que hacía posible implementar respuestas compensatorias para amortiguar los efectos negativos en los sectores más vulnerables de la población. La convergencia de todo esto parecía una bendición para superar una conducta incrustada en la médula del ser nacional. No pocos apostaban a que eso sería lo que vendría, pero pronto el gobierno chavista sucumbió al populismo y derivó hacia más de lo mismo o como otros ya han apuntado: hacia lo peor de lo mismo.

Para la oposición organizada en la MUD el tema del precio de la gasolina es crucial. No puede asumirse una postura de oponerse por oponerse, como si la cuestión no tuviera ningún fundamento. Tampoco puede dejarse de lado ex profeso, pensando que ello propiciará el desgaste popular del gobierno. Esto último sería un grave error; el gobierno tiene margen de maniobra y ha dado muestras de saber meter gato por liebre, sin que nadie se dé cuenta y echarle la culpa a alguien más.

En mi criterio la cuestión del precio de los combustibles debe enmarcarse en una perspectiva macroeconómica y política, es decir, debe verse en el conjunto de la situación política y económica general de país. Dado el carácter estructural del petróleo -cuya preeminencia no ha hecho sino crecer y crecer en estos quince años- la decisión de aumentar el precio de la gasolina no puede tomarse en forma aislada. Debe ser parte de un conjunto de medidas cuya articulación signifique un cambio radical de la política económica con dos rasgos principales, a saber: la solidaridad social no populista y la racionalidad económica. Además hay que agregar que, dado el cuadro político actual, esta nueva política económica debe ser definida y aplicada por un consenso general de los diferentes sectores del país.

Pero no se trata solo de economía, sino también de re-institucionalizar al país. Sin un Poder Judicial y una Fiscalía General independientes, los corruptos del gobierno seguirán haciendo de las suyas y los dineros provenientes del nuevo precio de la gasolina irán a parar a sus bolsillos, sin castigo y en la más abyecta impunidad. Y así mismo es necesario designar por consenso al Contralor General de la República y a los nuevos rectores del Poder Electoral. Esta debería ser la trayectoria a seguir después de la reunión de diciembre pasado, entre el presidente y los alcaldes electos de la oposición democrática. De otra manera no es posible apoyar el aumento de la gasolina, a pesar de que los argumentos para hacerlo obedecen a una sana racionalidad microeconómica. Todos los beneficios de esta racionalidad se perderán y el conjunto del país no ganará nada en términos de prosperidad económica, justicia social y fortalecimiento de la democracia, si la medida es tomada en forma aislada, sin consenso político y sin racionalidad macroeconómica. Plantear esto arrancando el año nuevo es imprescindible, si se quiere retomar la iniciativa y marcar la agenda del debate nacional.

Pedro A. Reyes V.

Profesor de la UCLA.